Declaración en cuanto a Gratuidad.

Hoy hemos visto cómo miles de estudiantes a lo largo de nuestro país han logrado sortear las barreras de acceso a la Educación Superior, logrando pese a las dificultades acceder a las Universidades de su elección, y dado su situación socioeconómica han sido beneficiados con la gratuidad. Sin embargo, sabemos que estamos muy lejos de considerar esto como suficiente, cerca de 700 mil estudiantes postularon al beneficio en el proceso de inscripción y de ellos 340 mil seguirán endeudándose con el Crédito con Aval del Estado, CAE. Sabemos que hoy existe un 35% del presupuesto de educación que va dirigido al CAE, profundizando de manera sistémica la mercantilización en el modelo educativo, muy lejano al 2,4% con que se implementó por primera vez el año 2006 con el espíritu de aumentar el acceso a la Educación Superior. A la fecha conocemos que tan sólo fueron beneficiados 125 mil estudiantes, cifra que dista mucho de las proyecciones que nos entregó el gobierno en primeras instancias.

En relación a la implementación, nos parece inaceptable la falta de claridad que ha sostenido el MINEDUC en los plazos del proceso, así como también la errada definición de criterios en la aplicación de la gratuidad que no logran posicionar realmente a la educación como un derecho. Más aún, creemos que no es posible se le rechace la gratuidad a un estudiante en condición de beneficiario, como ocurrió con cerca de 500 estudiantes en el mes de Marzo, situación de la cual se responsabiliza a los mismos planteles inclusive y en la cual se solicita la colaboración del CONFECh para diagnosticar los casos, dando luces de la incapacidad y del incumplimiento por parte del ejecutivo.

Como estudiantes hemos presentado nuestros puntos de disenso a la reforma educacional expresada en siete ideas, las cuales no han sido acogidas a la fecha en términos concretos. Una reforma que no contempla terminar con el lucro efectivo en las universidades, que no se cuestiona las formas de trabajo subcontratado ni por honorarios, ni que tampoco considera eliminar los mecanismos de competencia entre instituciones, en conclusión, no apunta a cambios estructurales al sistema de Educación Superior. Al contrario, lo que realmente hace es entregar condiciones de regulación a los intereses privados inmiscuidos en la educación de todos los chilenos.

Este año es turno de la ciudadanía en conjunto a las comunidades universitarias, manifestar su opinión y construir la educación que Chile necesita, que logre responder de manera real a las necesidades del país y la sociedad, y logre de una vez eliminar el mercado en la educación chilena.